En toda la
historia republicana de nuestro país la cúpula del Poder Judicial ha estado
dirigida por un abogado designado por el Partido Político del Poder Ejecutivo
de turno y otras veces mediante negociación entre partidos.
Lo más
arriba indicado ha provocado que la justicia dominicana sea la cenicienta de
los poderes públicos, descalabro moral y falta de credibilidad que en estos
momentos nos arropa.
Como bien
dijo un abogado extranjero "En tiempo de jets la justicia anda en
carreta" sobre este comentario se destaca que además de los males
señalados
más arriba
también opera bajo esquemas y herramientas de trabajo desfasadas, los empleados
son mal pagados, los llamados inspectores judiciales asedian a estos servidores
y viven pendientes para reportar nimiedades.
Así funciona
nuestra justicia actualmente.
Los clientes
y ciudadanos comunes deben saber que la justicia en estos momentos presenta una
tardanza en los fallos de por lo menos 2 años, es decir que si su caso se
conoció en primer grado en un tribunal civil no se sorprenda porque muy
probablemente lo estén fallando para septiembre del 2018.
También,
está la grave situación de que cuando solicitamos una fijación de audiencia y
estamos en el mes de agosto nos la
fijarán 5 meses después, es decir para
enero del 2017, y así se van
empantanando los procesos para provocar una duración de unos 10 o 12 años para
que un expediente de un ciudadano común sea definitivamente conocido. Ahora
bien, si el expediente es de un político influyente o de la oficina de unos de
los jueces de las altas cortes, entonces se conoce en menos de 1 año.
Toda esta
situación conlleva un colapso que no sólo está perjudicando a los litigantes y
la propia sociedad, sino que conlleva
una estampida de la inversión extranjera y un grave malestar para nuestro país
ante los ojos del mundo que nos coloca detrás del último en la lista de las
naciones con un futuro totalmente negro.
Ahora bien,
sin ser soñador y pensando en voz alta, todos estos males se resolverán de una
vez y por siempre bajo la fórmula de elegir nuestros jueces y fiscales con
excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la
República, mediante el voto directo de los ciudadanos de manera territorial,
quitándole cualquier tipo de poder directo o indirecto de los jueces de la SCJ
y del Procurador General que doblegue a los jueces inferiores.
Finalmente,
se impone el nombramiento de un Gerente Administrador del Poder Judicial para
que entonces se administre con un criterio de manejo de una empresa privada y les aseguro que
acabarán todos los males y precariedades de la justicia y el poder judicial en
RD.
Si se ponen
en marcha este esquema y cada 5 años se eligen estos funcionarios, entonces
ningún juez o fiscal tendrá temor de condenar al violador de las leyes sin
importar su descendencia o partido político.
¿Y tú que
opinas?
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